De tal palo tal astilla

franco-y-partidosLeo que Antena 3, en uno de sus informativos dice: “Evo Morales obtiene apoyo suficiente para reformar varias instituciones democráticas”. Un enfoque que, estaréis conmigo, lleva el término vileza a su máxima expresión.

Evo con un 62% es merecedor de ese comentario, ¿cómo hemos de calificar lo que el gobierno del Estado español, con un porcentaje mucho menor, está haciendo?.

Ley Orgánica del Poder Judicial

El pasado 19 de mayo, PP, PSOE, CIU y PNV, es decir los títeres de los neocon estadounidenses —o sus reprentantes, según la lectura que quiera hacerse— aprobaron en el Congreso de los Diputados la modificación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que limita la capacidad de la jurisdicción universal del Estado español para perseguir y juzgar a los criminales de guerra. Esto, evidentemente, sólo beneficia a tales criminales, es decir al gobierno de los Estados Unidos y a todo el resto de sanguinarios asesinos que con él colabora.

Ley de Economía Sostenible

Hace menos de una semana, rematan (cuelan de rondón) el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, modificando el artículo 8 de la Ley Servicios de la Sociedad de la Información y el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, sacándose de la manga que una «Comisión de Propiedad Intelectual» pueda conectar o desconectar sitios web sin intermediar el poder judicial.

No es ya una cuestión de hospedaje de contenidos con copyright, sino el mero hecho de enlazarlos, y lo que es peor aún, esta comisión podrá pedir a las operadoras y proveedores de servicios de alojamiento los datos de dicha web, dejando la puerta abierta a la desconexión de cualquier web que les pueda resultar molesta.

Es decir que volvemos a la ley de censura que su antecesor golpista, y del que son justos herederos, se sacó de la manga en pleno golpe de estado, en marzo de 1938. Me refiero a la Ley de Prensa promulgada mientras los defensores de la libertad vertían su sangre luchando para que no se impusieran medidas de este tipo.

Recordemos que según la Constitución que los herederos de Franco y sus acólitos nos impusieron, se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, todo ello según el artículo 18.

Y que, según el artículo 20 de la misma, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Os repito la pregunta: ¿cómo hemos de calificar lo que el gobierno del Estado español, con un porcentaje mucho menor, está haciendo?

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