Chile • Cómo barrer la historia con municiones

Una familia mapuche, ancestral propietaria de sus tierras en Neuquen, fue desalojada a tiros

Por Darío Aranda para Página12.

Villa La Angostura originalmente fue una parcela de la Colonia Nahuel Huapi, cuyas tierras fueron reconocidas a una familia mapuche por el gobierno argentino ya en 1902. En diciembre, un inversor norteamericano echó a sus descendientes y destruyó sus casas.

El gobierno nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura, la exclusiva y turística ciudad neuquina. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. Hace un mes, la comunidad Paichil Antriao –descendiente directa de esos primeros pobladores– padeció otro despojo: parte de la comunidad fue nuevamente desalojada y tres viviendas destruidas. La oleada represiva continuó los días siguientes con intimidaciones, detenciones y la ocupación policial del cerro en disputa. “Parece una zona militarizada. Un estado de sitio permanente”, denunció la comunidad mapuche, que alertó sobre la violación de legislación nacional e internacional que protege sus derechos. El desalojo se da en un contexto de creciente criminalización de los pueblos indígenas y una campaña mediática que cuestiona sus reconocidos derechos.

El mapa es antiguo, casi ilegible, y está fechado en 1902. “Casa Paisil”, señala en letra antigua. Da cuenta de los primeros pobladores de lo que recién décadas después sería Villa La Angostura, en Neuquén. Figura en el reciente y completo libro Historias de las familias Mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer), donde antropólogos, historiadores y pobladores locales abordan el pasado negado de la región sur de la provincia. Según consta en la Cancillería, el histórico mapa fue utilizado como prueba “por el Gobierno de su Majestad Británica para considerar e informar sobre las diferencias” en la frontera entre Chile y Argentina.

No es la única prueba documental. La portada del expediente de la División Tierras y Colonias es amarillenta, tiene olor a papel añejo y data de 1903. Da cuenta de “Entrega lotes Colonia Nahuel Huapi”, lo que décadas después sería la provincia de Neuquén. Los dos primeros beneficiarios son “Don Ignacio Antriao” y “José María Paisil”. El antiguo expediente confirma que son habitantes del lugar desde antes de 1899, “indígenas”, “argentinos” y ambas familias figuran sobre el “lote 9”, parte del casco urbano de la actual Villa La Angostura.

Ninguna prueba sirvió el 2 de diciembre, cuando setenta policías (incluso efectivos del temido Departamento Especial de Servicios Policiales –Despo–) llegaron a las 8 al cerro Belvedere y comenzaron a desarmar las viviendas de la comunidad. Los medios locales filmaron el accionar. Se observa a los uniformados, pero también a un grupo de civiles que patean las paredes de las humildes viviendas, cortan con motosierras los tirantes y sonríen satisfechos cuando las casas yacen destruidas. La orden partió del juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros, que rechazó hablar por teléfono con este diario (explicó que sólo acepta entrevistas en persona).

En todo el país está vigente la ley 26.160 (Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria), que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas y solicita un relevamiento territorial de las parcelas correspondientes a los pueblos indígenas. La ley 26.160 es criticada por el gobierno neuquino, sobre todo luego de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) firmara un convenio con la Universidad Nacional del Comahue para implementar el mapeo de tierras en la provincia.

Este diario pidió una entrevista con una autoridad política de la provincia, pero la Subsecretaría de Información Pública no respondió los llamados ni correos electrónicos. El gobernador Jorge Sapag sí habló con el diario Río Negro: “Nación y el INAI tienen que entender que no puede tener acciones unilaterales. En la medida que las tengan en Neuquén, en el único lugar que discutiremos será en Tribunales. Hemos recurrido al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y a la ministra Alicia Kirchner, de quien depende el INAI”.

En noviembre pasado, el Congreso prorrogó la vigencia de la ley para que se puedan completar los relevamientos (que están muy retrasados). Los legisladores neuquinos fueron los únicos que votaron en contra de la prórroga.

Según la Confederación Mapuche de Neuquén, el rechazo provincial a la ley tiene una explicación: el relevamiento catastral podría evidenciar la “usurpación de tierras que históricamente fueron ocupadas por mapuches”.

El desalojo se produjo sobre un predio reclamado por el ciudadano estadounidense William Henry Fisher. La comunidad utilizó históricamente ese predio para pastoreo de animales y también hay un rewe, sitio sagrado utilizado para ceremonias.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, que acaba de publicar un extenso trabajo sobre la situación actual en Neuquén, resumió: “Muy distinta es la versión indígena: “Integrantes de la comunidad fueron emboscados por el estadounidense William Henry Fisher, policías y efectivos de Grupos Especiales. Tres de nuestros hermanos fueron brutalmente baleados, golpeados, detenidos y procesados. El Poder Político y Judicial intenta realizar un montaje adjudicando falsas pruebas”.Por este hecho la causa se encuentra desde 2008 con una denuncia y con un pedido de medida cautelar en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El desalojo violento que sufrió el Lof determina una violación grave a los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

El lonko Ernesto Antriao denunció que no se contó con la posibilidad de defensa porque la comunidad no fue notificada del desalojo. De saberlo, habría apelado y frenado la acción judicial. Tampoco se tuvo en cuenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado internacional al que Argentina adhirió en 2001 y tiene rango superior a las leyes locales.

La comunidad Paichil Antriao está conformada por 25 familias, la mayor parte ubicada en el cerro Belvedere y sobre las costas del lago Correntoso, zona deseada para negocios inmobiliarios. En diciembre pasado la policía no avanzó sobre todas las viviendas porque corresponden a distintas causas judiciales. Sin embargo, la comunidad había advertido que se estaba en el comienzo de la escalada represiva.

Tres semanas después, el 21 de diciembre, tres jóvenes mapuches de la comunidad fueron detenidos por la policía. Según los efectivos, hubo resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas. Muy distinta es la versión indígena: “Integrantes de la comunidad fueron emboscados por el estadounidense William Henry Fisher, policías y efectivos de Grupos Especiales. Tres de nuestros hermanos fueron brutalmente baleados, golpeados, detenidos y procesados. El Poder Político y Judicial intenta realizar un montaje adjudicando falsas pruebas”.

El 2 y 3 de enero nuevamente hubo disparos, denuncia de abuso de autoridad y acusaciones cruzadas. La versión policial indicó ataques con bombas molotov y piedras de un grupo de personas con la cara tapada. La comunidad desmintió el hecho y acusó a los efectivos de hostigamiento permanente y mantener sitiado el cerro. Desde el gobierno provincial apoyaron la versión policial, aunque descartaron que hayan sido integrantes de la comunidad indígena. Igualmente movilizaron efectivos de Junín de los Andes y Zapala hacia Villa La Angostura. El cerro Belvedere ya cuenta con la presencia de 75 policías.

Desde el viernes pasado hasta el domingo, la comunidad Paichil Antriao convocó a un futa chrawun (gran parlamento). “Es necesario avanzar en los procesos de recuperación y resistencia sin dejar de lado el contexto de militarización, represión, desalojos, despojo de nuestra cultura y engaños a nuestros mayores para quitarnos el territorio”, explica la convocatoria, que resalta el “actual escenario de criminalización y represión sistemática”.

El Parlamento mapuche se da en la turística y selecta Villa La Angostura, que tiene el privilegio de ser la localidad con mayor criminalización indígena: las comunidades locales cuentan con diez causas de las 32 que el pueblo mapuche enfrenta en toda la provincia. Verónica Huilipán, vocera y referente de la Confederación Mapuche, resumió la situación: “Estamos viviendo un proceso de cacería de mapuches”.

Comentarios desde Facebook

Leave a Reply